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¿En cuál clasificación de datos entra la CURP?

En cuál clasificación de datos entra la CURP

La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (2017), prevé en su texto los tipos de datos que protege. Así, tenemos que, en el artículo 3, inciso IX, los datos personales son “Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información”. Existe otro tipo de clasificación, que son los datos sensibles, lo cual está tipificado en el artículo ejusdem, inciso X “Datos personales sensibles:

Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida puedan dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual”.

Confidencialidad de la clave

La Clave Única de Registro de Población, al igual que el RFC y otros similares, se clasifica como “Datos personales confidenciales”, por lo que pertenecen al primer grupo, pero con el valor agregado de ser información reservada.

Esto se apoya en el Criterio 03-10 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales INAI, al sostener que la CURP es dato personal confidencial, vale decir “dato personal que solo concierne a un particular y es información que lo distingue plenamente del resto de los habitantes”. Es por esta misma razón que se han extremado medidas en cuanto a su publicación en razón de transparencia de la información. Para recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones, se está poniendo en riesgo la integridad de los funcionarios públicos, lo cual era palpable con la difusión de los datos personales incluidos en las Declaraciones Patrimoniales de los empleados de la Administración Pública, información que se encontraba peligrosamente al alcance de todos.

Ahora las declaraciones llevan en la primera página, esquina inferior derecha, una aclaratoria de supresión de contenido, para hacer del conocimiento general las medidas de resguardo que cursan sobre los datos personales confidenciales:

“Se elimina el RFC y el CURP personal en el apartado ‘Datos del declarante’, los cuales son datos que hacen identificable a una persona, ya que en su conjunto está compuesto de números, letras, características morales y afectivas, las cuales son consideradas datos personales de carácter sensible. En términos de los artículos 186 y 191 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 1, 2, párrafo tercero, 5, párrafo quinto; y 10 de la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal; 42, 44, 58, 64 fracción II, 65 y 73 del Reglamento en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Tribunal Electoral del Distrito Federal y 5 fracción I de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal”.

Esta resolución ampara la confidencialidad dentro de la información que, en función del cargo público que se ejerce, deba ser entregada a los órganos competentes en su oportunidad, los cuales siguen estando disponibles para los encargados de la auditoría de los datos del funcionario en cuestión.

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Ventajas de contar con el RFC mexicano

Según las estimaciones más recientes por parte de los organismos gubernamentales, unas 42 millones de personas cuentan con el Registro Federal de Contribuyentes, conocida popularmente como el RFC gracias a sus siglas.

Esta cifra, a pesar de ser mayor a la población de la mayoría de los países, es baja para una nación como México, que realmente posee una sociedad enorme, entre las más numerosas del planeta tierra. Por ello, muchas personas en edad adulta aún no cuentan con el RFC y, a su vez, están en desventaja en comparación de los que sí lo poseen.

Según el último censo oficial, publicado en el mes de diciembre del año 2016, en suelo mexicano habita 127,5 millones de persona (se presume que la cifra ha crecido a unos 130 millones de personas en la actualidad). Esa gran cantidad de habitantes tiene al país azteca en el décimo segundo lugar en el listado de los más poblados del orbe. Además, ocupa el primer peldaño entre las naciones de Hispanoamérica.

Mejores sueldos

Al poseer un Registro Federal de Contribuyentes, un trabajador debe, al menos, percibir el salario mínimo establecido por el ejecutivo, generalmente, en acuerdo con diferentes federaciones que hacen vida en el país. De esta manera, la explotación deja de ser un riesgo.

En cambio, en caso de que una persona no cuente con el RFC, no podrá ser contratado oficialmente y, a su vez, el patrono podría pagarle mucho menos de lo establecido por las diferentes autoridades.

Prestación de servicios profesional

En la actualidad, cada vez son más las personas que buscan independencia económica. Por ella, buscan mecanismos para ser sus propios jefes. Un ejemplo de ello son los profesionales de libre ejercicio. El pequeño comercio también es una opción muy buscada a la hora de intentar percibir mejores ingresos.

En México, para prestar este tipo de servicios hay que poseer en Registro Federal de Contribuyentes. Además, de esta manera el prestador se asegura de que sus clientes deban, irremediablemente, cumplir con los diferentes costos establecidos por la ley y los tabuladores de ganancias de los diferentes colegios de profesionales.

Emprendimiento viable

Con el RFC, además, una persona que obtuvo el documento como asalariado puede, sin contratiempos, cambiar su estatus en caso de que cree una compañía o, como se mencionó anteriormente, decida ejercer su profesión de manera libre, sin ninguna relación directa con una determinada empresa o patrono.

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Polémicas en cuanto al precio de actas de nacimiento

Polémicas en cuanto al precio de actas de nacimiento

Imprimir las actas de nacimiento ya es una realidad gracias al movimiento realizado por el gobierno nacional re activando una idea que llevaba más de 6 años en estudios, luego de que el presidente Enrique Peña Nieto aprobará la moción, la facilidad de la consecución de las actas han sido llamativas.

Ya no es necesario acudir al registro civil más cercano y tener que tramitar el documento de  nacimiento, trámite que es de suma importante dentro del  territorio mexicano para elaborar cualquier otra cosa.

Esta medida ha solucionado el congestionamiento dentro de los registros civiles del país, a su vez ha ayudado a la organización estructural de dicho organismo, pero como no todo puede ser color de rosas, siempre existirán “peros” para población.

Mediante la red social Twitter, Facebook e Instagram varios ciudadanos han mostrado su descontento con el cobro de este documento a pesar de que es vía online, ellos alegan que lo que les molesta es que no es el mismo precio para el mismo territorio nacional, y que no puede existir tamaña variación.

Gianfranco Salinas oriundo de la provincia de Yucatán y habitante actual del Distrito Federal afirmó que es un abuso que para él quien nació en la península del país tenga que pagar 160pesos en contra de los 38 que pagan sus amigos que viven en la capital del país.

Por otra parte los habitantes de Baja California, no comprenden porque el sistema de las actas de nacimiento no está funcionando como debería, informaron que presentan fallas desde hace días para ingresar al sistema y por si fuera poco, su tasa de pago es la mayor del país estableciéndose en 170$.

“Yo no sabía que en el norte del país teníamos más dinero, es lo único que veo de lógica”, afirmaba Justino Hernández, un poco indignado.

Equitativo no es

Tomás Aguilera miembro del RENAPO aseguró que sí bien entienden la molestia de los ciudadanos por el precio de los tramites en las distintas ciudades, asegura que ellos deben ver más allá de ese problema.

“Esto es algo automático, si usted nació en el DF y se muda a Oaxaca, usted no puede solicitar su acta en ese lugar porque no nació, debe viajar para Oaxaca, por lo tanto este trámite te ahorra el viaje, las horas de carretera y muchas veces la estadía”, señaló el dirigente.

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La protección de datos incluye a la Clave Única de Registro de Datos

En un país donde se tienen tantas claves de usuario para cada entidad pública, la protección de datos debe tutelar a todas y cada una de ellas. Una de las polémicas surgidas ante el dilema de la protección de información es la entrega de padrones electorales contentiva de datos personales confidenciales.

La protección de datos incluye a la Clave Única de Registro de Datos

La entrega de listas electorales a los actores para su revisión es un derecho de los partidos y un deber, a fin de verificar datos y detectar probables errores (fallecidos, duplicados), esto es totalmente legal. No así la calidad y cantidad de datos que albergan las listas. El organismo electoral  dispone en su base de información clasificada por las leyes como “personal confidencial”, la cual pertenece a los electores. Cuando el ciudadano se inscribe en el INE, aporta la información que exige el sistema para expedir la clave de elector y la respectiva credencial. Esta información se entiende que se encuentra bajo confidencialidad dentro de la relación organismo electoral-elector.

No obstante, una vez que los datos pasan a manos de los partidos políticos por medio del padrón electoral, no solo pierden confidencialidad, sino seguridad, resguardo y tutela efectiva por parte de la ley. El compromiso tácito comprende la entrega de datos al INE, pero esto no incluye el uso y/o traslado que haga el ente de la información, por lo que los electores pudieran hacer uso de los derechos que lo amparen de la vulneración a su privacidad.

Exceso de datos personales confidenciales en las bases de organismos públicos

La data electoral incluye domicilio fiscal, clave de elector, CURP, números telefónicos, entre otros. El ciudadano ha dado esta información voluntariamente y su consentimiento para que el INE haga (buen) uso de ella. Pero el consentimiento termina cuando la data pasa a terceros, en este caso los partidos.

La ley contempla la entrega de información sólo en caso de investigación judicial y si hay compromiso de la integridad física, psicológica o moral de terceros. Este no es el caso del padrón electoral.

Los partidos, por otra parte, alegan que cercenar los datos vulnera su derecho a la revisión, pero dado que los que integran el padrón son  información personalísima, deberían los representantes de las fracciones electorales informarse mejor acerca de las facultades sobre las señas particulares de los electores, es decir, a cuáles tienen acceso y cuáles no.

Pueden explorar otras vías para hacer la revisión, sin que ello menoscabe el derecho a la privacidad del elector. No quieren que excluyan el domicilio porque es uno de los parámetros de revisión, pero saben que el resto de la información también llevaría al domicilio, como el CURP, con cuya clave puede buscarse en la base BDNCURP y obtener este y muchos otros datos.

Los partidos políticos pueden hacer la revisión a través de los centros de cómputo dispuestos para ello por la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores, donde se puede cruzar información, verificarla, y elevar solicitudes de visitas domiciliarias en caso de irregularidades.

El INE, por su parte, debe revisar qué tipo de información suministra, elaborando listas muy básicas de información personal. De acuerdo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el capítulo de la verificación de listados nominales define el tipo de información de los padrones: nombre, distrito y número de sección.