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En un país donde se tienen tantas claves de usuario para cada entidad pública, la protección de datos debe tutelar a todas y cada una de ellas. Una de las polémicas surgidas ante el dilema de la protección de información es la entrega de padrones electorales contentiva de datos personales confidenciales.

La protección de datos incluye a la Clave Única de Registro de Datos

La entrega de listas electorales a los actores para su revisión es un derecho de los partidos y un deber, a fin de verificar datos y detectar probables errores (fallecidos, duplicados), esto es totalmente legal. No así la calidad y cantidad de datos que albergan las listas. El organismo electoral  dispone en su base de información clasificada por las leyes como “personal confidencial”, la cual pertenece a los electores. Cuando el ciudadano se inscribe en el INE, aporta la información que exige el sistema para expedir la clave de elector y la respectiva credencial. Esta información se entiende que se encuentra bajo confidencialidad dentro de la relación organismo electoral-elector.

No obstante, una vez que los datos pasan a manos de los partidos políticos por medio del padrón electoral, no solo pierden confidencialidad, sino seguridad, resguardo y tutela efectiva por parte de la ley. El compromiso tácito comprende la entrega de datos al INE, pero esto no incluye el uso y/o traslado que haga el ente de la información, por lo que los electores pudieran hacer uso de los derechos que lo amparen de la vulneración a su privacidad.

Exceso de datos personales confidenciales en las bases de organismos públicos

La data electoral incluye domicilio fiscal, clave de elector, CURP, números telefónicos, entre otros. El ciudadano ha dado esta información voluntariamente y su consentimiento para que el INE haga (buen) uso de ella. Pero el consentimiento termina cuando la data pasa a terceros, en este caso los partidos.

La ley contempla la entrega de información sólo en caso de investigación judicial y si hay compromiso de la integridad física, psicológica o moral de terceros. Este no es el caso del padrón electoral.

Los partidos, por otra parte, alegan que cercenar los datos vulnera su derecho a la revisión, pero dado que los que integran el padrón son  información personalísima, deberían los representantes de las fracciones electorales informarse mejor acerca de las facultades sobre las señas particulares de los electores, es decir, a cuáles tienen acceso y cuáles no.

Pueden explorar otras vías para hacer la revisión, sin que ello menoscabe el derecho a la privacidad del elector. No quieren que excluyan el domicilio porque es uno de los parámetros de revisión, pero saben que el resto de la información también llevaría al domicilio, como el CURP, con cuya clave puede buscarse en la base BDNCURP y obtener este y muchos otros datos.

Los partidos políticos pueden hacer la revisión a través de los centros de cómputo dispuestos para ello por la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores, donde se puede cruzar información, verificarla, y elevar solicitudes de visitas domiciliarias en caso de irregularidades.

El INE, por su parte, debe revisar qué tipo de información suministra, elaborando listas muy básicas de información personal. De acuerdo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el capítulo de la verificación de listados nominales define el tipo de información de los padrones: nombre, distrito y número de sección.

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